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#NiCensura NiCandados: el peligro reside en la interpretación de la ley, y en el desamparo al pueblo

En México, la aplicación de la ley depende de la interpretación, y cualquier error en la redacción e incluso en el uso ambiguo del lenguaje español mexicano, deriva en incertidumbres jurídicas. Si bien se confía en la buena fé tanto de abogados al presentar demandas o defensa, y al Poder Judicial al momento de interpretar las leyes, en México existe una larga historia de malas praxis, derivados de este modelo de justicia.

El actual presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hereda de Peña Nieto, la responsabilidad de ejecutar el nuevo tratado de libre comercio de norteamérica, antes TLCAN, hoy TMEC. Este documento fue firmado poco antes de que Peña Nieto dejara la presidencia de México, y AMLO lo recibe ya firmado, pero toma la decisión de enviar un grupo de negociación con respecto al TMEC, para modificar ciertos acuerdos estipulados en el documento original firmado por Peña.

En este sentido, el grupo negociante mexicano revisa un fragmento del acuerdo comercial con respecto al petróleo mexicano y logran echarlo para atrás, pero otras partes del contrato se dejan tal cuál estaban. Dentro de estas partes que quedan sin negociación, revisión o eliminación, se encuentran los acuerdos que tienen que ver con los Derechos de Autor, que promueven una integración legal y penal entre los tres países que conforman el acuerdo del TMEC. Como mencionó el director de R3D.mx, Luís Fernando García:

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El TMEC básicamente lo que decía es, México, tienes que prohibir la elusión de candados digitales, y hay un catálogo de excepciones que puedes incorporar a tu legislación, o puedes incorporar más, esto tiene mucho sentido pues el propio EEUU tiene una lista mucho más grande de excepciones.

Un año posterior a la toma de presidencia de AMLO, el TMEC se acerca a su puesta en marcha el 1 de julio de 2020, por lo cual, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Enrique Monreal promueve, alrededor de los inicios de julio del año presente, una iniciativa de reforma tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor, como al Código Penal Federal, alineándose a los puntos que el TMEC solicita a México para lograr dicho acuerdo comercial.

Entre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal (alineándose a los puntos que el TMEC solicita a México para lograr dicho acuerdo comercial) realizada alrededor de inicios de julio del año presente, hecha por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores Enrique Monreal, y la aprobación de las mismas─primero por el senado el 29 de junio 2020, y luego por la cámara de diputados el 30 de junio del mismo año─transcurrió muy poco tiempo, por lo cual se ha mencionado que estas leyes fueron aprobadas en “fast-track”, es decir, que se aprobaron de manera extraordinariamente veloz y con muy poca visibilización pública al respecto.

La coalición de organizaciones a favor de la revisión de dichas reformas a la Ley (que incluyen grupos como R3D, Creative Commons México, Wikimedia México, Article19, entre otros) refieren en uno de sus puntos a este hecho del fast-track; les recuerdan a la Cámara de Diputados y Senadores, que el TMEC estipulaba un plazo de 3 años para revisar, estudiar, redactar y obviamente aprobar antes de que termine dicho plazo, y entonces la pregunta es ¿por qué la prisa en hacer todo ese proceso que contempla 3 años, en aproximadamente 1 año?

Ahora, el Dr. Monreal es experto en materia de Derecho (licenciatura y doctorado en Derecho), por lo cuál su propuesta de añadir un capítulo entero llamado “De las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los servicios de internet” quedaría fuera de su campo explícito de experticia, que es el derecho, por lo cual, lo más probable es que haya recurrido a una persona o un panel de personas con experiencia específica en temas digitales, por la seriedad que implican estas reformas; a pesar de esto, la reforma denota ausencias importantes en este rubro, por ejemplo, en EEUU, existen legislaciones digitales mucho más abundantes en términos de las especificaciones y excepciones a las leyes punitivas─en términos de los candados digitales─que están dirigidas a proteger a las y los usuarios finales de la tecnología, es decir a la población civil; como lo menciona el director de R3D:

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Cada 3 años, de hecho, ellos analizan y renuevan las excepciones extras que toman, y hay excepciones para diagnosticar y reparar tractores o automóviles [con respecto a las computadoras internas que regulan estos vehículos], para hacer jailbreak o root [básicamente eludir candados digitales de fábrica y tomar el control total del dispositivo] en teléfonos móviles para desbloquear teléfonos que solamente funcionan con una compañía, para sacar fragmentos vía DVD-rips, romper el cifrado de Blue-Rays y DVD's o usar tecnologías de captura de pantalla para sacar fragmentos para usarlos para fines legítimos de crítica, comentarios, educación, fines de investigación, esas excepciones existen en los Estados Unidos y no existen en México

Estas ausencias podrían deberse al poco tiempo que este hipotético panel experto en temas digitales tuvo para preparar estas propuestas de reforma (sin mencionar el tiempo de revisión por parte del Dr. Monreal para atreverse a publicarlas) antes de llevarse a la votación en el Senado. Es preciso decir que estas ausencias son algo sumamente dañino para la población civil y es, como ya se dijo, uno de los puntos más fuertes que la coalición a favor de la revisión de estas reformas menciona.

Los puntos que R3D menciona en su sitio son los siguientes:

  • La discusión se ha llevado con una innecesaria prisa, en medio de la crisis sanitaria, y sin la participación de la sociedad civil.
  • Se pretende establecer un mecanismo que permitiría a cualquier persona que alegue una infracción a derechos de autor censurar expresiones en Internet, sin necesidad de pruebas y sin que sea determinado por un juez.
  • Se contemplan hasta 10 años de cárcel para quienes eludan candados digitales, aún cuando sea necesario para proteger la seguridad, privacidad, ejercer derechos o reparar dispositivos tecnológicos.

El primero de estos puntos hace referencia a la preocupación de haber pasado estas leyes en fast-track sin haber pasado por un proceso de estudio mucho más minucioso y con la ayuda de un panel de gente experta de la sociedad civil (y no solamente con un panel privado como parece haber ocurrido en la propuesta del Dr. Monreal). El segundo y tercer puntos hacen referencia a la manera en la que están escritas las leyes, las cuales llegan a mostrar inconsistencias que una vez traducidas a procesos de justicia pueden provocar malas interpretaciones que provoquen injusticias tanto de censura como de multas millonarias o incluso prisión, todo esto por una apresurada redacción de las leyes, las cuales no son suficientemente claras y les faltan muchas excepciones que la ley de EEUU, por ejemplo, sí contemplan, por lo tanto ¿por qué no contemplarlas aquí en México tambien? Esto con el simple propósito de proteger a la población civil.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTju2Czw7bc

¿Qué es la incertidumbre jurídica, y cómo afectaría la interpretación, de forma maliciosa, de las leyes mencionadas?

Felipe Tena Ramírez, menciona a grandes rasgos en su libro "Derecho Constitucional Mexicano", las características que definen los sistemas de poder en diferentes escenarios mundiales; para efectos de este artículo informativo me enfocaré en citar a Tena Ramírez para explicar en un lenguaje un tanto simplificado, no obstante certero, tanto el Derecho Constitucional Estadounidense como el Derecho Constitucional Mexicano, para poder así entender las diferencias y similitudes entre estas legislaciones en materia de protección de derechos de autor en estas dos naciones que comparten acuerdos económicos por el TMEC.

Primero, se menciona la diferencia, tanto en EEUU como en México de la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esto implica que, al realizarse una junta constituyente, se está creando una ley última que es una Constitución, la cual es la instancia primera desde la cual se constituyen otros poderes, en el caso de EEUU y México, bajo la fórmula de Montesquieu de la división de poderes, los cuales en estos dos países conocemos como Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que si bien en sus títulos se parecen, cumplen funciones con diferencias importantes en estos dos países.

Como ya se dejó claro, la Constitución representa la Ley última o Ley Máxima en este tipo de modelo de poder, básicamente intocable por simple capricho de cualquiera de los 3 poderes que emanan de esta Constitución, y es por esto que se habla de un modelo de Constitución rígida y escrita.

Ahora, este modelo de Constitución rígido y escrito, en la práctica, cambia. En EEUU, es el Poder Judicial el que a lo largo de la historia de ese país ha tomado el papel de reconstructor de su Carta Magna, y esto lo heredan del modelo inglés, influenciado por Montesquieu solo hasta cierto grado:

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El pueblo inglés no suele construir arquetipos, a los cuales deba plegarse su organización política; sino que, procediendo a la inversa, sabe extraer de la experiencia la organización que mejor responde a sus necesidades y a su índole; de allí la flexibilidad de su constitución.

Esto anterior hace referencia a la manera en la que el common law, o leyes por usos y costumbres, se sobreponen en el modelo inglés (muy similar al que impementa EEUU, que es una variación ligera del modelo inglés) a su Carta Magna; es por esto que en EEUU es muy común oír de «casos», es decir de ejemplos costumbristas acumulados con el tiempo, cuando se hace referencia a su sistema de leyes y sus legislaciones, por ejemplo (y no son casos reales, solamente es para ejemplificar) escuchamos cosas como "McDonalds contra el Estado de California" o "John Doe contra el Departamento de Policía de Washington" o "Jane Doe contra Coca-Cola", a esto se le conoce en México como «jurisprudencia», es decir, la recopilación de casos previos resueltos por las Cortes de maneras similares, que pueden ser aplicadas posteriormente en otros casos semejantes.

En México es todo lo contrario, en nuestro sistema presidencial, el orden bajo el cual la Carta Magna puede ser alterada es así:

  • Presidente
  • Diputados y Senadores Federales
  • Legisladores Locales
  • Un grupo de ciudadanos que rebasen cierto porcentaje de representatividad

La Suprema Corte de Justicia, a diferencia de en EEUU, no tiene injerencia en la alteración de la Carta Magna, y el common law está totalmente subordinado a esta anterior, y como menciona la cita textual al texto de Tena Ramírez, el modelo de derecho constitucional en México es totalmente arquetípico, es decir, se basa en ideales, no en la realidad, es por esto que en México, muchas veces la realidad ha superado a su Carta Magna.

En México, las leyes son interpretadas por el Poder Judicial en sus diversas instancias, desde las cortes regionales hasta la Suprema Corte de la Nación. Al ser leyes arquetípicas, rígidas y escritas, cualquier error en la redacción e incluso en el uso ambiguo del lenguaje español mexicano, deriva en incertidumbres jurídicas, las cuales pueden llevar injustamente a personas a la cárcel o bien imponerles multas por delitos que en la realidad serían inexistentes. Si bien se confía en la buena fé tanto de abogados al presentar demandas o defensa, y al Poder Judicial al momento de interpretar las leyes, en México existe una larga historia de malas praxis, explotación de huecos legales, interpretaciones caprichosas de la ley escrita, y demás atropellos posibles derivados de este modelo de justicia.

Es justamente este miedo el cual se expresa en los dos últimos puntos mencionados por R3D que se han listado en párrafos anteriores, es decir, a la mala interpretación de la ley, característica de nuestro país, la que nos preocupa tanto a la sociedad civil como a las organizaciones de la coalición a favor de revisar con mucho mayor detenimiento, con un panel más plural que no solamente incluya allegados al Dr. Monreal, sino a representantes con experticia real en temas de tecnología y legislaciones internacionales y casos similares internacionales con respecto a estas reformas de Ley que promueven, a través de las reformas al Código Penal Federal, penas exageradas que si llegara a darse una interpretación maliciosa de las mismas podría generar caos en la sociedad civil, con respecto a estos temas de elusión de candados tecnológicos.

Para contrarrestar la posibilidad de estas malas interpretaciones ya sea por error humano o por mala fé de algún individuo o bien alguna empresa, la coalición a favor de la revisión de las reformas propone importar no solamente las facultades punitivas de la protección a los derechos de autor, sino también las facultades de protección al pueblo que no son cosa descabellada, sino que de hecho ya existen a la par de las punitivas en países como EEUU, no es algo nuevo lo que se propone, sino simplemente copiar bien las medidas de protección tanto para con la Ley de Derechos de Autor que integra tanto individualidades civiles como industria y empresas privadas en la propiedad intelectual, como además implementar también las medidas de protección, basadas en excepciones muy bien redactadas, estudiadas en base a la realidad de los casos (por esto es necesario un panel de expertæs en el rubro digital y no solamente doctores en derecho), que protejan a la población.

https://www.facebook.com/Change.orgMexico/videos/747868799380046/UzpfSTEwMzI0Njg4MTI0NDM5MToxNjkyMzMyMTQ2NDU3NTc/

Debe quedar sumamente claro: esta solicitud de revisión no busca desproteger a læs creadoræs de tecnología o contenido para que sus creaciones, que han decidido registrar con derechos de autoría, puedan ser hurtadas y replicadas sin su consentimiento, es decir, no busca echar para atrás las legislaciones ya contempladas que actualizan los métodos de protección a derechos de autor; tampoco buscan fomentar la piratería y la violación de candados tecnológicos con fines maliciosos; tampoco buscan bloquear permanentemente la aprobación de estas legislaciones, que para integrarse al TMEC son básicamente un requisito. Lo que se pretende con esta revisión es tomarse los 3 años, legales, para la elaboración de estas reformas, integrar un panel mucho más plural, con representantes de la sociedad civil expertas en el campo de lo digital y lo correspondiente a lo digital en el derecho internacional que sean capaces de vislumbrar los posibles casos de la «vida real» en donde más y mejores excepciones a los crímenes estipulados en el Código Penal puedan ser redactados para proteger a la sociedad civil ante cualquier ambigüedad, y finalmente, de menos, importar junto con las legislaciones punitivas, también las legislaciones de excepción y protección que ya existen en países como EEUU y que protegen a su ciudadanía de ser criminalizadas por error o por malas praxis judiciales, esto último sobre todo en un país como es México, en donde la ley no se actualiza con respecto a la práctica cotidiana o al common law como en el modelo inglés, sino que una vez elevada a Ley una cuestión, permanece inmutable, como arquetipo, como canon incuestionable e ideal, y bajo la maldición del lenguaje y su ambigüedad inherente, para bien y para mal.

https://www.cha nge.org/nicens uranicand ados

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#NiCensura NiCandados: el peligro reside en la interpretación de la ley, y en el desamparo al pueblo

cultura tecnología

Responsable de nota:
julio 18, 2020 | Sección: cultura tecnología | Artículos sobre: temas que atañen a las relaciones culturales que atraviesan tanto a nuestro imaginario colectivo como a la práctica cotidiana, la sociedad se extiende al plano digital y esto conlleva la emergencia de nuevas normativas y políticas tanto mundiales como locales,

En México, la aplicación de la ley depende de la interpretación, y cualquier error en la redacción e incluso en el uso ambiguo del lenguaje español mexicano, deriva en incertidumbres jurídicas. Si bien se confía en la buena fé tanto de abogados al presentar demandas o defensa, y al Poder Judicial al momento de interpretar las leyes, en México existe una larga historia de malas praxis, derivados de este modelo de justicia.

El actual presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hereda de Peña Nieto, la responsabilidad de ejecutar el nuevo tratado de libre comercio de norteamérica, antes TLCAN, hoy TMEC. Este documento fue firmado poco antes de que Peña Nieto dejara la presidencia de México, y AMLO lo recibe ya firmado, pero toma la decisión de enviar un grupo de negociación con respecto al TMEC, para modificar ciertos acuerdos estipulados en el documento original firmado por Peña.

En este sentido, el grupo negociante mexicano revisa un fragmento del acuerdo comercial con respecto al petróleo mexicano y logran echarlo para atrás, pero otras partes del contrato se dejan tal cuál estaban. Dentro de estas partes que quedan sin negociación, revisión o eliminación, se encuentran los acuerdos que tienen que ver con los Derechos de Autor, que promueven una integración legal y penal entre los tres países que conforman el acuerdo del TMEC. Como mencionó el director de R3D.mx, Luís Fernando García:

El TMEC básicamente lo que decía es, México, tienes que prohibir la elusión de candados digitales, y hay un catálogo de excepciones que puedes incorporar a tu legislación, o puedes incorporar más, esto tiene mucho sentido pues el propio EEUU tiene una lista mucho más grande de excepciones.

Un año posterior a la toma de presidencia de AMLO, el TMEC se acerca a su puesta en marcha el 1 de julio de 2020, por lo cual, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Enrique Monreal promueve, alrededor de los inicios de julio del año presente, una iniciativa de reforma tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor, como al Código Penal Federal, alineándose a los puntos que el TMEC solicita a México para lograr dicho acuerdo comercial.


Entre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal (alineándose a los puntos que el TMEC solicita a México para lograr dicho acuerdo comercial) realizada alrededor de inicios de julio del año presente, hecha por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores Enrique Monreal, y la aprobación de las mismas─primero por el senado el 29 de junio 2020, y luego por la cámara de diputados el 30 de junio del mismo año─transcurrió muy poco tiempo, por lo cual se ha mencionado que estas leyes fueron aprobadas en “fast-track”, es decir, que se aprobaron de manera extraordinariamente veloz y con muy poca visibilización pública al respecto.

La coalición de organizaciones a favor de la revisión de dichas reformas a la Ley (que incluyen grupos como R3D, Creative Commons México, Wikimedia México, Article19, entre otros) refieren en uno de sus puntos a este hecho del fast-track; les recuerdan a la Cámara de Diputados y Senadores, que el TMEC estipulaba un plazo de 3 años para revisar, estudiar, redactar y obviamente aprobar antes de que termine dicho plazo, y entonces la pregunta es ¿por qué la prisa en hacer todo ese proceso que contempla 3 años, en aproximadamente 1 año?

Ahora, el Dr. Monreal es experto en materia de Derecho (licenciatura y doctorado en Derecho), por lo cuál su propuesta de añadir un capítulo entero llamado “De las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los servicios de internet” quedaría fuera de su campo explícito de experticia, que es el derecho, por lo cual, lo más probable es que haya recurrido a una persona o un panel de personas con experiencia específica en temas digitales, por la seriedad que implican estas reformas; a pesar de esto, la reforma denota ausencias importantes en este rubro, por ejemplo, en EEUU, existen legislaciones digitales mucho más abundantes en términos de las especificaciones y excepciones a las leyes punitivas─en términos de los candados digitales─que están dirigidas a proteger a las y los usuarios finales de la tecnología, es decir a la población civil; como lo menciona el director de R3D:

Cada 3 años, de hecho, ellos analizan y renuevan las excepciones extras que toman, y hay excepciones para diagnosticar y reparar tractores o automóviles [con respecto a las computadoras internas que regulan estos vehículos], para hacer jailbreak o root [básicamente eludir candados digitales de fábrica y tomar el control total del dispositivo] en teléfonos móviles para desbloquear teléfonos que solamente funcionan con una compañía, para sacar fragmentos vía DVD-rips, romper el cifrado de Blue-Rays y DVD’s o usar tecnologías de captura de pantalla para sacar fragmentos para usarlos para fines legítimos de crítica, comentarios, educación, fines de investigación, esas excepciones existen en los Estados Unidos y no existen en México

Estas ausencias podrían deberse al poco tiempo que este hipotético panel experto en temas digitales tuvo para preparar estas propuestas de reforma (sin mencionar el tiempo de revisión por parte del Dr. Monreal para atreverse a publicarlas) antes de llevarse a la votación en el Senado. Es preciso decir que estas ausencias son algo sumamente dañino para la población civil y es, como ya se dijo, uno de los puntos más fuertes que la coalición a favor de la revisión de estas reformas menciona.

Los puntos que R3D menciona en su sitio son los siguientes:

  • La discusión se ha llevado con una innecesaria prisa, en medio de la crisis sanitaria, y sin la participación de la sociedad civil.
  • Se pretende establecer un mecanismo que permitiría a cualquier persona que alegue una infracción a derechos de autor censurar expresiones en Internet, sin necesidad de pruebas y sin que sea determinado por un juez.
  • Se contemplan hasta 10 años de cárcel para quienes eludan candados digitales, aún cuando sea necesario para proteger la seguridad, privacidad, ejercer derechos o reparar dispositivos tecnológicos.

El primero de estos puntos hace referencia a la preocupación de haber pasado estas leyes en fast-track sin haber pasado por un proceso de estudio mucho más minucioso y con la ayuda de un panel de gente experta de la sociedad civil (y no solamente con un panel privado como parece haber ocurrido en la propuesta del Dr. Monreal). El segundo y tercer puntos hacen referencia a la manera en la que están escritas las leyes, las cuales llegan a mostrar inconsistencias que una vez traducidas a procesos de justicia pueden provocar malas interpretaciones que provoquen injusticias tanto de censura como de multas millonarias o incluso prisión, todo esto por una apresurada redacción de las leyes, las cuales no son suficientemente claras y les faltan muchas excepciones que la ley de EEUU, por ejemplo, sí contemplan, por lo tanto ¿por qué no contemplarlas aquí en México tambien? Esto con el simple propósito de proteger a la población civil.

¿Qué es la incertidumbre jurídica, y cómo afectaría la interpretación, de forma maliciosa, de las leyes mencionadas?

Felipe Tena Ramírez, menciona a grandes rasgos en su libro “Derecho Constitucional Mexicano”, las características que definen los sistemas de poder en diferentes escenarios mundiales; para efectos de este artículo informativo me enfocaré en citar a Tena Ramírez para explicar en un lenguaje un tanto simplificado, no obstante certero, tanto el Derecho Constitucional Estadounidense como el Derecho Constitucional Mexicano, para poder así entender las diferencias y similitudes entre estas legislaciones en materia de protección de derechos de autor en estas dos naciones que comparten acuerdos económicos por el TMEC.

Primero, se menciona la diferencia, tanto en EEUU como en México de la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esto implica que, al realizarse una junta constituyente, se está creando una ley última que es una Constitución, la cual es la instancia primera desde la cual se constituyen otros poderes, en el caso de EEUU y México, bajo la fórmula de Montesquieu de la división de poderes, los cuales en estos dos países conocemos como Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que si bien en sus títulos se parecen, cumplen funciones con diferencias importantes en estos dos países.

Como ya se dejó claro, la Constitución representa la Ley última o Ley Máxima en este tipo de modelo de poder, básicamente intocable por simple capricho de cualquiera de los 3 poderes que emanan de esta Constitución, y es por esto que se habla de un modelo de Constitución rígida y escrita.

Ahora, este modelo de Constitución rígido y escrito, en la práctica, cambia. En EEUU, es el Poder Judicial el que a lo largo de la historia de ese país ha tomado el papel de reconstructor de su Carta Magna, y esto lo heredan del modelo inglés, influenciado por Montesquieu solo hasta cierto grado:

El pueblo inglés no suele construir arquetipos, a los cuales deba plegarse su organización política; sino que, procediendo a la inversa, sabe extraer de la experiencia la organización que mejor responde a sus necesidades y a su índole; de allí la flexibilidad de su constitución.

Esto anterior hace referencia a la manera en la que el common law, o leyes por usos y costumbres, se sobreponen en el modelo inglés (muy similar al que impementa EEUU, que es una variación ligera del modelo inglés) a su Carta Magna; es por esto que en EEUU es muy común oír de «casos», es decir de ejemplos costumbristas acumulados con el tiempo, cuando se hace referencia a su sistema de leyes y sus legislaciones, por ejemplo (y no son casos reales, solamente es para ejemplificar) escuchamos cosas como “McDonalds contra el Estado de California” o “John Doe contra el Departamento de Policía de Washington” o “Jane Doe contra Coca-Cola”, a esto se le conoce en México como «jurisprudencia», es decir, la recopilación de casos previos resueltos por las Cortes de maneras similares, que pueden ser aplicadas posteriormente en otros casos semejantes.

En México es todo lo contrario, en nuestro sistema presidencial, el orden bajo el cual la Carta Magna puede ser alterada es así:

  • Presidente
  • Diputados y Senadores Federales
  • Legisladores Locales
  • Un grupo de ciudadanos que rebasen cierto porcentaje de representatividad

La Suprema Corte de Justicia, a diferencia de en EEUU, no tiene injerencia en la alteración de la Carta Magna, y el common law está totalmente subordinado a esta anterior, y como menciona la cita textual al texto de Tena Ramírez, el modelo de derecho constitucional en México es totalmente arquetípico, es decir, se basa en ideales, no en la realidad, es por esto que en México, muchas veces la realidad ha superado a su Carta Magna.

En México, las leyes son interpretadas por el Poder Judicial en sus diversas instancias, desde las cortes regionales hasta la Suprema Corte de la Nación. Al ser leyes arquetípicas, rígidas y escritas, cualquier error en la redacción e incluso en el uso ambiguo del lenguaje español mexicano, deriva en incertidumbres jurídicas, las cuales pueden llevar injustamente a personas a la cárcel o bien imponerles multas por delitos que en la realidad serían inexistentes. Si bien se confía en la buena fé tanto de abogados al presentar demandas o defensa, y al Poder Judicial al momento de interpretar las leyes, en México existe una larga historia de malas praxis, explotación de huecos legales, interpretaciones caprichosas de la ley escrita, y demás atropellos posibles derivados de este modelo de justicia.

Es justamente este miedo el cual se expresa en los dos últimos puntos mencionados por R3D que se han listado en párrafos anteriores, es decir, a la mala interpretación de la ley, característica de nuestro país, la que nos preocupa tanto a la sociedad civil como a las organizaciones de la coalición a favor de revisar con mucho mayor detenimiento, con un panel más plural que no solamente incluya allegados al Dr. Monreal, sino a representantes con experticia real en temas de tecnología y legislaciones internacionales y casos similares internacionales con respecto a estas reformas de Ley que promueven, a través de las reformas al Código Penal Federal, penas exageradas que si llegara a darse una interpretación maliciosa de las mismas podría generar caos en la sociedad civil, con respecto a estos temas de elusión de candados tecnológicos.

Para contrarrestar la posibilidad de estas malas interpretaciones ya sea por error humano o por mala fé de algún individuo o bien alguna empresa, la coalición a favor de la revisión de las reformas propone importar no solamente las facultades punitivas de la protección a los derechos de autor, sino también las facultades de protección al pueblo que no son cosa descabellada, sino que de hecho ya existen a la par de las punitivas en países como EEUU, no es algo nuevo lo que se propone, sino simplemente copiar bien las medidas de protección tanto para con la Ley de Derechos de Autor que integra tanto individualidades civiles como industria y empresas privadas en la propiedad intelectual, como además implementar también las medidas de protección, basadas en excepciones muy bien redactadas, estudiadas en base a la realidad de los casos (por esto es necesario un panel de expertæs en el rubro digital y no solamente doctores en derecho), que protejan a la población.

#NiCensuraNiCandados

Hablemos sobre las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Están censurando internet?

Posted by Change.org on Thursday, 23 July 2020

Debe quedar sumamente claro: esta solicitud de revisión no busca desproteger a læs creadoræs de tecnología o contenido para que sus creaciones, que han decidido registrar con derechos de autoría, puedan ser hurtadas y replicadas sin su consentimiento, es decir, no busca echar para atrás las legislaciones ya contempladas que actualizan los métodos de protección a derechos de autor; tampoco buscan fomentar la piratería y la violación de candados tecnológicos con fines maliciosos; tampoco buscan bloquear permanentemente la aprobación de estas legislaciones, que para integrarse al TMEC son básicamente un requisito. Lo que se pretende con esta revisión es tomarse los 3 años, legales, para la elaboración de estas reformas, integrar un panel mucho más plural, con representantes de la sociedad civil expertas en el campo de lo digital y lo correspondiente a lo digital en el derecho internacional que sean capaces de vislumbrar los posibles casos de la «vida real» en donde más y mejores excepciones a los crímenes estipulados en el Código Penal puedan ser redactados para proteger a la sociedad civil ante cualquier ambigüedad, y finalmente, de menos, importar junto con las legislaciones punitivas, también las legislaciones de excepción y protección que ya existen en países como EEUU y que protegen a su ciudadanía de ser criminalizadas por error o por malas praxis judiciales, esto último sobre todo en un país como es México, en donde la ley no se actualiza con respecto a la práctica cotidiana o al common law como en el modelo inglés, sino que una vez elevada a Ley una cuestión, permanece inmutable, como arquetipo, como canon incuestionable e ideal, y bajo la maldición del lenguaje y su ambigüedad inherente, para bien y para mal.

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palabras clave de la entrada: R3D, creative commons, reforma a la ley de derechos de autor, T-MEC, TMEC, TLCAN, tratado de libre comercio de norteamérica, reforma al código penal federal, #NiCensuraNiCandados, NiCensuraNiCandados, ni censura ni candados

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